En los momentos actuales, frente al gran desconocimiento que existe por parte de los periodistas y público en general, creo que es importante intentar poner un poco de luz sobre algunas acciones de dudosa corrección ética, moral y legal que muchas redes sociales han cometido y en algunos casos siguen cometiendo. Estas acciones, que muchos las consideran como normales, podrían ser consideradas criminales, o al menos, deberían de ser investigadas para que se dejen de cometer, ya que podría considerarse que atentan contra los fundamentos constitucionales de EEUU.
Todo comienza por la sección 230 del Título 47 del Código de los Estados Unidos, que está pensada principalmente para proteger a aquellos que proveen infraestructuras de telecomunicaciones, para que no puedan ser responsables de los contenidos, datos y opiniones que circulan por estas infraestructuras.
Pongamos un ejemplo muy sencillo para que se pueda comprender: La normativa especifica que las empresas telefónicas (y otras) que ofrecen la infraestructura para que la gente hable por teléfono o transfiera datos no sean responsables de lo que circula por sus redes. Si esto no fuera así, si alguien ordenara a otro vía comunicación telefónica cometer un atentado, la corporación dueña de las infraestructuras de comunicaciones que ha permitido que esta comunicación se hiciera, podría ser considerada responsable de lo sucedido. El impacto negativo sobre el desarrollo de las comunicaciones sería devastador de no existir esta norma, ya que nadie podría asumir las responsabilidades derivadas de las acciones de los usuarios, salvo que entráramos es un estado como el que propone Orwell con su obra 1984. Es como si un coche choca con otro en una autopista, y el responsable es el dueño de la autopista, no los conductores.
Tal como dice la propia normativa, "Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o portavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información".
Es fundamental diferenciar al que provee una infraestructura del que tiene y ejerce poder editorial. Los medios de comunicación, que ofrecen poder editorial, no se pueden amparar en esta normativa. Las redes sociales, que se adjudican ellos mismos poder editorial, no se podrían amparar en esta sección, pero lo hacen. ¿Por qué? Por muchas razones, pero principalmente por el poder casi absoluto que estos multimillonarios de Silicon Valley han amasado.
Es muy importante destacar que si censuras contenidos, influencias en la presentación de los resultados de búsquedas, influyes en el orden e importancia de diferentes contenidos según ideologías y limitas el acceso de personas (que no han sido condenadas, aunque si hubieran sido, tampoco deberían ser limitadas salvo muy pocas excepciones), ya no eres una infraestructura que permite el intercambio libre de información, sino que tomas partido e influyes en el contenido. Eso es claramente poder editorial, y recordemos, si tienes poder editorial, no puedes estar amparado por la norma 230.
La influencia de estas corporaciones tecnológicas sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial de EEUU es enorme. El dinero manda en Washington D.C. y estas élites están protegidas y amparados por esta norma gracias a las cuantiosas inversiones en las campañas de los representantes presidenciales, legislativos y judiciales. No hablemos de sus estrechas relaciones con las agencias gubernamentales, con las cuales no dejan de trabajar, y con las cuales ya se han presentado algunos indicios en el congreso de EEUU sobre lo que parece una conspiración.
En otro artículo entraremos en las repercusiones del no cumplimiento de esta norma, y cómo muchos ejecutivos y billonarios de Silicon Valley, creadores de estas redes sociales, se amparan en esta norma para cometer los mayores ataques contra la libertad de expresión y contra un presidente electo en EEUU, acciones contrarias a la constitución del país jamás visto en la larga historia del país.
No se esperan grandes cambios, ya que es casi imposible luchar legalmente contra estas prácticas, ya que disponen de recursos cuasi-ilimitados, y el poder de Washington DC se nutre en una parte importante de sus aportaciones a los políticos y demás poderes que dependen de ser elegidos. No hablemos ya del proceso de elección de determinados componentes relacionados con el poder judicial en EEUU.
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